Tegucigalpa MDC., 15 de Octubre 2019
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) suscribió un importante convenio con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
El objetivo en el que se enmarca el acuerdo consiste en establecer relaciones de cooperación mutua y asistencia técnica-jurídica entre el IAIP, y la OABI, orientadas al fortalecimiento de los procesos técnicos de transparencia, capacitaciones, plataformas digitales de transparencia y asignación de bienes que permita extender la cobertura a nivel nacional de ambas instituciones para el cumplimiento de sus mandatos.
El Comisionado Presidente del IAIP, Abogado Hermes Moncada dijo «Como Pleno de Comisionados nos sentimos muy motivados con este tipo de acciones trascendentales, el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano y estamos comprometemos a brindar la información y brindar el acompañamiento a las instituciones para que cumplan con subir la información de oficio a los portales de transparencia.”
Por su parte el titular de la OABI, Abogado Francisco Ernesto Ruiz expresó «este convenio es un proceso que hemos encaminado con las entidades de transparencia la OABI se está abriendo a la ciudadanía apara que conozcan como funciona y el fin de sus existencia, la transparencia es un bastión importante y por tal motivo este acuerdo nos ayuda a cumplir con el proceso de reforma por el cual actualmente atraviesa la institución.»
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), por mandato de su ley, es un órgano desconcentrado de la administración pública, con independencia operativa, decisional y presupuestaria, responsable de promover y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública, así como de regular y supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas en cuanto a la protección, clasificación y custodia de la información pública, de acuerdo con su Ley.
La Oficina Administración de Bienes Incautados (OABI) es una institución encargada de velar por la guarda, administración, custodia, inversión, devolución o destrucción de los bienes, objetos, productos e instrumentos del delito que la autoridad competente le ponga en depósito proveniente de actividades ilícitas y de crimen organizado.
