Tegucigalpa M.D.C., 26 abril 2023
La Comisionada del IAIP, Msc. Ivonne Ardón, hizo entrega del Anteproyecto de la Ley General de Archivos en Honduras, con sus respectivos avances en cuanto a su discusión y las diligencias que muestran los artículos que se han aprobado y el papel que juega el IAIP, para su total aprobación en próximos debates.
El Informe fue remitido por el Congreso Nacional a el Instituto de Acceso a la Información Pública, mismo que fue recibido por la Presidenta de la RTA, Blanca Ibarra, para su respectivo análisis, en el marco del XXIV encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, que se desarolla en Argentina.
El pleno de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sostuvo diversas reuniones con las autoridades del Poder Legislativo, con el fin de crear conciencia sobre lo fundamental que es para el país contar con una Ley General de Archivos.
Distintos sectores de la sociedad hondureña aprueban las acciones del pleno de comisionados del IAIP y al equipo técnico especializado que, en cada una de sus capacitaciones e intervenciones, llaman a la reflexión a los servidores públicos, referente a mantener en orden sus archivos, ya que esta acción también vendría a contribuir con el derecho humano de acceder a la información que tiene cada ciudadano.
Durante mucho tiempo el IAIP trabajó arduamente para que la normativa esté armonizada con la norma internacional establecida, analizando el ejemplo de otros países avanzados en el tema para conocer el funcionamiento del sistema de archivo que tienen otras naciones que sirvieron como modelo de prácticas interesantes y dignas de imitar en Honduras.
Por su parte, la Comisionada del IAIP, Ivonne Ardón, explicó en diálogo con la Presidenta de la RTA, Blanca Ibarra y sus homólogos de otros países, que el objetivo que tiene el anteproyecto es que la población retome el papel de participar como ciudadanos en la construcción del país, a través de las auditorias sociales participativas. Señaló que es una herramienta de control gubernamental social, en donde los ciudadanos deben participar buscando información en los archivos y que esos archivos juegan un papel importante para reguardar toda la información de la administración pública y se vuelve importante como medio de prueba en un juicio de corrupción cuando ese dilapida de recursos del Estado.
